La indignación social por las constantes interrupciones en el servicio de energía eléctrica en el Chocó sigue escalando. Ante los anuncios de marchas y posibles bloqueos de vías en el departamento, el Gobierno Departamental, a través de la secretaria de Gobierno, Jenny Lucía Rivas, alzó la voz para aclarar el panorama institucional, delimitar responsabilidades y plantear soluciones de fondo tras los micrófonos de 7 AM Chocó en Platino Stereo.
En medio del descontento popular, la jefa de la cartera de Gobierno aclaró de forma contundente la naturaleza de la electrificadora Dispac, desmintiendo que se trate de un privado y recordando que el Estado es el mayor responsable de su operación.
«Dispac es una empresa netamente pública; el 99.99% de sus acciones pertenecen al Ministerio de Hacienda», puntualizó Rivas, haciendo un llamado a dirigir las exigencias directamente al Gobierno Nacional.
Un sistema obsoleto: 50 años de infraestructura agotada
La crisis, según reveló la funcionaria tras reuniones con las directivas de Dispac, va más allá de la simple contingencia operativa. La infraestructura que conecta al Chocó desde el sector del 7 hasta Quibdó se encuentra en un estado crítico y obsoleto:
- Sistemas agotados: Las redes fueron diseñadas para una vida útil de 35 años y ya superan los 50 años en funcionamiento.
- Sobrecarga del sistema: La demanda de energía en el Chocó duplica el promedio nacional, superando ampliamente la capacidad actual de resistencia de las líneas.
- Inversiones urgentes: Se requiere un plan integral de $350.000 millones de pesos, con una urgencia inmediata de $75.000 millones para el reemplazo prioritario de redes y la repotenciación mediante subestaciones en la subregión del San Juan.
Mesa Energética y llamado a la bancada parlamentaria
Frente a la amenaza de paralización de las arterias viales del departamento —medida que el periodismo regional y la ciudadanía califican como un perjuicio autoimpuesto para los chocoanos—, la Gobernación del Chocó avanza en la gestión de una Mesa Energética de Alto Nivel.
La iniciativa busca sentar en una misma mesa de negociación al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas, Ministerio del Interior, Superintendencia de Servicios Públicos, la CREG, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, directivas de Dispac y a los líderes de la protesta social.
Asimismo, la Gobernadora del Chocó convocó formalmente a la bancada de parlamentarios chocoanos para que se sumen en bloque a esta presión política ante el Gobierno Nacional, con el objetivo de exigir no solo la inyección urgente de recursos para la infraestructura, sino también la revisión detallada de las altas tarifas que cobra la entidad y la evaluación del contrato con el operador actual (Consorcio Multienergético).
«Somos conscientes del servicio interrumpido y de que la ciudadanía tiene toda la razón en reclamar. Pero también es claro que, sin importar el operador que esté, si no se modernizan las redes obsoleteradas, el problema estructural va a persistir», concluyó la secretaria de Gobierno.
Fuente: Platino Stereo.
