Columna de opinión – estilo La Silla Vacía
Jarol Javier Palacios
Magíster
18 de febrero de 2026
Cortesía especial del autor para Platino Stereo.
La UTCH atiende aproximadamente 14.000 a 16.000 estudiantes entre programas de pregrado y posgrado, distribuidos en varias facultades y sedes regionales. Es la principal institución pública de educación superior del departamento, en un territorio donde la cobertura universitaria no supera el 25 % de los jóvenes en edad de acceder a educación superior, según cifras históricas del sistema nacional.
Cuando el Ministerio de Educación declaró la vigilancia especial en octubre de 2023, lo hizo bajo la Ley 1740 de 2014, que se activa cuando existen riesgos graves administrativos, financieros o académicos. No es una medida frecuente: menos del 5 % de las universidades públicas del país han pasado por un esquema de vigilancia especial en la última década.
En 2025, el MEN adoptó decisiones más profundas:
- Reemplazó al rector y representante legal.
- Prorrogó la medida por un año adicional.
- Sustituyó miembros del Consejo Superior Universitario.
Es decir, intervino simultáneamente en el órgano ejecutivo (Rectoría) y en el órgano máximo de dirección (Consejo Superior).
Desde el punto de vista institucional, eso implica una reconfiguración del 100 % de la representación legal y una alteración directa en la correlación de fuerzas del órgano colegiado superior.
Pero el dato más sensible no es administrativo: es social.
En el Chocó, donde el índice de pobreza multidimensional supera el 60 % en varias subregiones, la UTCH no es solo una universidad: es el principal mecanismo de movilidad social del departamento. Cada semestre afectado por parálisis académica impacta directamente a miles de familias.
En 2024 y 2025 se registraron:
- Suspensiones intermitentes de actividades académicas.
- Retrasos en calendarios.
- Incertidumbre en procesos administrativos.
Cuando la Rama Judicial ordenó la reincorporación del rector Fabio Magdaleno, el conflicto dejó de ser administrativo y pasó a ser constitucional. Porque en Colombia, el desacato a un fallo judicial puede derivar en sanciones personales, multas y responsabilidades disciplinarias.
Aquí el pulso es claro:
- El MEN ejerce su facultad de inspección y vigilancia.
- La justicia ejerce control sobre la legalidad de esas decisiones.
- El Consejo Superior queda en el centro de la tensión.
El problema es que mientras los poderes del Estado se disputan la interpretación jurídica, más de 15.000 estudiantes esperan estabilidad.
En términos comparativos, la UTCH representa prácticamente el 90 % de la oferta pública universitaria del departamento. No hay una segunda universidad estatal que absorba una eventual crisis prolongada.
El debate entonces no es ideológico. Es estructural:
- ¿Puede una medida de vigilancia especial rediseñar completamente la gobernanza universitaria?
- ¿Puede un órgano colegiado sostener decisiones cuando existen órdenes judiciales en sentido contrario?
- ¿Cuánto cuesta en términos sociales cada mes de inestabilidad?
Si el Consejo Superior actúa en contravía de decisiones judiciales, el riesgo no es abstracto: es disciplinario y fiscal.
Si el MEN excede el marco legal de la vigilancia especial, el riesgo es la nulidad de actos administrativos.
En ambos escenarios, la universidad paga el costo.
Las cifras muestran la dimensión real del problema:
una institución que concentra la esperanza educativa de un departamento históricamente marginado no puede convertirse en campo de batalla jurídico permanente.
La UTCH no es solo un conflicto entre rectorías.
Es una institución que sostiene el futuro de miles de jóvenes en uno de los territorios más vulnerables del país.
Y cuando una universidad que impacta a más de 15.000 estudiantes entra en disputa entre Ejecutivo y Judicial, el problema ya no es interno.
Es estructural.
Nota: Este artículo lo conseguimos en las redes sociales y lo publicamos por lo interesante que nos pareció.
Le agradecemos al magister Jarol Javier Palacios.
