La denuncia de ACADESAN (Asociación de Consejos Comunitarios del San Juan) sobre el nuevo desplazamiento de comunidades de San Agustín y Buenas Brisas, en Sipí refleja la grave crisis humanitaria que atraviesa el San Juan medio.
Lo ocurrido según reportes recientes
el pasado 13 de noviembre en la comunidad de San Agustín, se registró un enfrentamiento armado entre actores ilegales que dejó herida de consideración a la representante del Consejo local de Buenas Brisas, reconocida lideresa y referente de protección comunitaria.
A raíz del hecho y de las amenazas subsiguientes, las comunidades de San Agustín y Buenas Brisas, pertenecientes al territorio colectivo de ACADESAN, viven situaciones críticas: Unas familias se encuentran confinadas y otras tuvieron que desplazarse de manera inmediata.
74 familias de Buenas Brisas huyeron de manera urgente en 15 embarcaciones rumbo a Istmina. Se desplazaron niños, mujeres, personas mayores y adultos en situación de vulnerabilidad, quienes tuvieron que abandonar sus viviendas, cultivos y medios de vida sin siquiera poder recoger lo básico. Mientras tanto, 52 familias de San Agustín continúas confinadas en sus hogares, atrapadas en un cerco de miedo y violencia.
Las comunidades permanecen en riesgo extremo, con un territorio actualmente bajo zozobra, restricciones a la movilidad y alta probabilidad de nuevas afectaciones por la presencia y confrontación de actores armados.
El enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo (AGC) en inmediaciones de San Agustín generó un fuego cruzado que obligó a las familias a abandonar sus hogares.
Las autoridades locales y organismos de socorro fueron alertados para brindar atención inmediata, aunque la capacidad institucional en la región es limitada.
Contexto más amplio
El desplazamiento forzado en el Chocó no es un hecho aislado: se repite en municipios como Sipí, Medio San Juan y Nóvita, donde la disputa territorial entre grupos armados afecta directamente a comunidades afrodescendientes e indígenas.
ACADESAN ha insistido en que la situación requiere acciones urgentes del Gobierno nacional, pues la población está atrapada entre la violencia y la falta de garantías de seguridad.
