El presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizó el pasado 12 de septiembre una de las alocuciones más determinantes de su mandato, al denunciar con firmeza la corrupción y el desfalco que durante años habrían golpeado a la Nueva EPS.
Con cifras en mano y sin titubeos, el jefe de Estado expuso cómo este sistema de salud fue convertido en un entramado de engaños contables y malos manejos financieros que hoy explican por qué miles de colombianos han visto vulnerado su derecho fundamental a la salud.
Según lo revelado por Petro, la intervención a la Nueva EPS permitió destapar un escenario escandaloso: más de 22,7 millones de facturas pendientes de procesar, de las cuales 9,1 millones estaban duplicadas, lo que muestra la magnitud de la manipulación administrativa. A ello se suman deudas ocultas por más de 11 billones de pesos, que en los balances anteriores aparecían maquilladas para aparentar solidez financiera. El mandatario también advirtió sobre anticipos sin legalizar que crecieron de 3,4 billones en 2023 a 15,27 billones en 2025, un incremento que calificó como inaceptable.
El panorama se agrava con el aumento abrupto de los costos operativos de la Nueva EPS, que pasaron en apenas un año de 14 a 24 billones de pesos. Para el presidente, estos hechos no son simples errores contables: se trata de un saqueo sistemático que desvió recursos destinados a salvar vidas hacia manos privadas.
Lo que marcó la diferencia en este pronunciamiento presidencial fue la valentía de poner nombres propios y señalar responsabilidades. Petro mencionó a exdirectivos y figuras políticas que, durante años, presidieron juntas y ejecutaron decisiones mientras el desfalco crecía sin control. Su mensaje fue contundente: el Estado no puede seguir permitiendo que el dinero de la salud termine engordando fortunas privadas.
Pero la denuncia también desató una reacción inmediata. Al verse arrinconados, los dueños y beneficiarios de estas EPS han desplegado una campaña de desinformación para desestabilizar al país. Con estrategias tan graves como retener medicamentos y retrasar la entrega de tratamientos a los pacientes, buscan generar desesperación y culpar al Gobierno por la crisis, cuando en realidad es consecuencia de años de corrupción.
El trasfondo de esta confrontación no es menor: mientras Petro insiste en que la reforma a la salud debe garantizar que los recursos lleguen directamente a hospitales y clínicas, los grupos de poder pretenden mantener un modelo que ya demostró ser inviable. El presidente fue categórico: “No se trata de salvar a las EPS, se trata de salvar a la gente”.
Este episodio abre una nueva etapa en la lucha contra la corrupción en la salud. Lo que antes se escondía en balances maquillados ahora queda expuesto gracias a un gobierno que decidió enfrentar a los poderes enquistados. Y aunque la resistencia de quienes ven amenazados sus intereses es feroz, Colombia presencia un momento histórico: por primera vez un presidente denuncia con tanta determinación la verdad incómoda detrás del negocio de la enfermedad.
CORTESÍA: DIARIO DEL SUR
