El ente de control consideró que se evidencia que el hoy congresista Jhoany Carlos Palacios autorizó como gobernador pagos para un contratista que no ejecutó obras.
La W conoció en primicia que la Procuraduría General de la Nación pidió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llevar a juicio al representante a la Cámara, Jhoany Carlos Alberto Palacios, por hechos de presunta corrupción que se relacionan con su paso como gobernador del Chocó (2016-2019).
Para el ministerio público, el hoy congresista se orientó a “desconocer, sin justificación alguna, los principios que informan la contratación estatal” en la continuidad de la ejecución de un contrato para la masificación del servicio de gas natural para Istmina, Unión Panamericana y Condoto, en el cual autorizó pagos por más de 1.700 millones de pesos en favor del contratado, aunque los avances de las obras no los justificaban, según la investigación.
Esto, presuntamente cometiendo la conducta de peculado en favor de terceros.
“Lo que fue acreditado por la Sala Especial de Instrucción, es que tanto la empresa Universal de Servicios S.A. ESP, como la Fundación Especializada en Sistemas y Servicios, venían incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones contractuales y pese a tal situación, en el año 2016, la Gobernación del Chocó, en cabeza de su representante legal, el entonces gobernador JHOANY CARLOS ALBERTO PALACIOS MOSQUERA ordenó pagos en su favor” se lee.
En dichas obras que se pagarían con recursos de regalías, la Fiscalía en su investigación en terreno indicó que los pagos que se hicieron no justificaban las pocas obras adelantadas; esto fue valorado por el ministerio público que, al analizar el acervo probatorio, afirmó que es inexplicable y “no se entiende por qué el aforado autorizó mediante Resolución 1301 de 9 de junio de 2016, el pago a la firma encargada de la interventoría por valor de $450.287.560, como resultado de lo consignado.
A su vez, la Procuraduría trajo a colación un informe de la Contraloría el cual concluyó que las irregularidades en las obras de este proyecto generaron un detrimento de recursos superior a los $3.800 millones de pesos; y aunque el congresista Palacios quiso, en indagatoria, descargar la responsabilidad de lo ocurrido en sus secretarios, estos lo dejaron mal parado en la Corte.
“Aseguraron que el procesado PALACIOS MOSQUERA, se encontraba enterado de las falencias de la ejecución del Convenio 01 de 2014, y, sin embargo, la instrucción impartida fue la de seguir adelante con el proceso por la importancia que representaba para el departamento, lo anterior sin reparar no solo en el perjuicio que ello significaba a los recursos públicos, sino también, que constituía una evidente desatención de los principios que rigen la función pública” se lee.
Para el ministerio público “lejos de velar por el interés general que debe orientar cualquier negocio jurídico celebrado por los entes estatales, fue la forma que se encontró para continuar la ejecución de un convenio ya siniestrado, con la misma persona jurídica que ocasionó que ello ocurriera, sin necesidad de adelantar el procedimiento de declaratoria del incumplimiento”.