“Es inaudito lo que sucede en la Universidad Tecnológica del Chocó.
Ante la intervención por parte del Ministerio y un proceso penal por corrupción, incendian hoy las oficinas de la vicerrectoría administrativa y financiera, donde reposan importantes documentos de contratos y pagos”.
Con estas palabras el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, condenó el incendio ocasionado la noche del lunes en el alma máter del pueblo chocoano y pidió a las autoridades judiciales avanzar con celeridad en el proceso penal que se adelanta contra un grupo de tres exfuncionarios y un contratista.
“Manifestamos nuestra solidaridad con la comunidad educativa, no vamos a permitir que grupos violentos generen terror e incertidumbre en la U Pública. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial celeridad en el proceso judicial”, escribió el ministro en su cuenta de la red social X.
El ministro, asimismo, indicó que va a participar en el consejo de seguridad convocado por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, para dar con los responsables de los hechos de violencia en la Universidad.
De hecho, sobre lo ocurrido en la Universidad, la gobernadora del departamento afirmó en su cuenta de la red social X: “La universidad es la única esperanza de muchas familias en el Chocó, no puede perecer en una disputa. Por encima de cualquier otro cronograma, debemos priorizar cuanto antes la concertación y estabilización”.
Al respecto, agregó: “Es urgente tomar decisiones que permitan cuanto antes la ruta del diálogo y garantizar la seguridad. Hoy hay total repudio a estos actos de vandalismo. Nos corresponde defender a nuestra universidad”.
El ministro de Educación ya se había pronunciado sobre los resultados de la investigación de la Fiscalía sobre posibles irregularidades en un contrato por 1.250 millones de pesos para la modernización de las aulas de clase de la Universidad del Chocó.
“No vacilamos en tomar acciones que conduzcan a salvaguardar los recursos de la educación. Las acciones de la Fiscalía respaldan nuestras decisiones. Los recursos de la Universidad Tecnológica del Chocó se respetan”, escribió Ramos en X el pasado 25 de noviembre al conocer la decisión del ente investigador.
Con base en el material probatorio recopilado la Fiscalía les imputó cargos como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público al exrector de la Universidad, David Emilio Mosquera Valencia; al exjefe de sistemas y soporte técnico, Yunner Eduard Moreno, y al exjefe de contratación, Leiser Córdoba Mena.
Además, la Fiscalía le imputó cargos al contratista Francis Yoximar Palacios Sánchez por su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación a favor propio y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.